¡Albricias, Montoro nos baja los impuestos!

            Hay estudios profesionales de los que no caben sospechas que estiman a cuánto asciende cada año el fraude fiscal en España.

            Estos estudios coinciden en que el fraude menos influyente es el fraude en el IRPF, es decir, en las rentas dependientes de trabajo asalariado, el único campo fiscal sometido a un rígido control. No obstante, el Estado deja de percibir en torno a 20.000 millones de euros por este capítulo.

            El fraude en el IVA y en el impuesto de sociedades supone de forma resumida la pérdida de otros 20.000 millones de euros.

            El capital huido y refugiado en paraísos fiscales deja de aportar  a las arcas del Estado en torno a 10.000 millones cada año.

            Y la puñalada más grave a los ingresos establecidos por la ley deriva de la economía sumergida. Una quinta parte, calculando de forma generosa, de la actividad económica del país es opaca, invisible para la Hacienda Pública; uno de cada cinco euros de los que circulan cada día por el país no cotiza, no paga impuestos, es dinero negro.

            Calculando sus ciclos y altibajos el fraude fiscal en España oscila entre los 80.000 y 100.000 millones de euros cada año.

            De hecho, la recaudación correcta  mantendría equilibradas las cuentas del Estado; las habría mantenido, incluso, en los peores momentos de la crisis, sin necesidad de recurrir a los fondos de inversión, a los usureros que generaron la crisis y nos hacen pagar las consecuencias de sus locuras económicas. Pero, con semejante panorama, el déficit será eterno y creciente o tendremos que sacrificar buena parte de los servicios públicos y de las pensiones para pagar nuestra deuda.

            Lejos de acometer reformas fiscales, destinadas a ejercer un control eficaz sobre esa forma de delincuencia empobrecedora y terrible, el Estado se ha dedicado a pedir dinero a crédito o a recortarnos los servicios que  nos debe.

            España dedica muchos menos medios al control del fraude fiscal que cualquier otro país europeo de nuestro entorno  y de ello se quejan continuamente los propios inspectores de Hacienda.

       Hay, además, una ley inicua que afecta profundamente a la persecución de esos delincuentes organizados. Es arbitraria, inexplicable, injustificable para cualquier ciudadano de a pie, y  establece la obligación de cerrar cualquier investigación fiscal en un plazo de doce meses. Es decir, cuando los inspectores comienzan una investigación por indicios de fraude, o encuentran pruebas fehacientes de la existencia del fraude en un año, o deben cerrar el expediente. Un plazo que no responde a ninguna razón lógica, y cuya única finalidad objetiva es la protección de los grandes evasores.

        El gran delito fiscal, el multimillonario,es difícil de investigar; cuenta con el apoyo de infinidad de expertos, economistas, asesores, abogados, bancos que blanquean y cierran el rastro de las cuentas… Una selva virgen.  

            En ocasiones, la Inspección Tributaria desiste de iniciar determinadas actuaciones, a pesar de la importancia de las cantidades defraudadas, por el convencimiento de que en el plazo establecido será imposible concretar las pruebas.

            ¿Por qué ningún gobierno ha propuesto el cambio de esta ley? ¿Es que nadie en el Parlamento es consciente de esta injustísima disposición que favorece el crimen organizado? No otra cosa es la evasión de impuestos.

            Parece duro, pero sólo cabe catalogarlo como complicidad necesaria  del Legislativo con los delincuentes de cuello blanco y maneras educadas.

           Lejos de afrontar la necesaria reforma fiscal, el Parlamento se ocupa de sus cosas.

            La derecha, seguramente complacida con la Deuda que ha aumentado durante su gestión  en 300.000 millones de euros, complacida con el saqueo de la Caja de Pensiones que ha dejado vacía, complacida con los copagos sanitarios, con las listas de espera de personas dependientes sin atender y que morirán sin ser atendidas, con los recortes en los servicios públicos y con la necesidad de recurrir a préstamos para pagar la pensiones de junio, nos bajará los impuestos, el “caramelito” de final de legislatura , en opinión de Montoro, que ahora se adelanta a petición de sus compañeros de viaje, la otra derecha de rostro juvenil que anda sacando pecho por su logro.

            Y la izquierda anda calculando cuántas Españas caben en esta vieja piel de toro o proponiendo maniobras divertidas  que merecen algún minuto de gloria, como la expropiación y conversión en economato de una catedral de Barcelona.

            Echo de menos el sentido de Estado necesario para que este país tenga un futuro razonable. Estoy convencido de que ese futuro es posible,  de que  el estado del bienestar no es inviable. España es viable si combate el fraude de forma eficaz. 
    El fraude sistemático , organizado y de larga duración ha generado nuestra deuda, no los servicios del Estado. 
     Basta ya de mentiras. La cuna de la pobreza la mecen con mentiras y verdades a medias.

            Lo inviable, lo inaceptable, lo ilegítimo es el fraude fiscal que goza de tan buena salud entre nosotros.

            También resulta inaceptable esta clase política, sin distinción de siglas, que oscila entre la desvergüenza, la ineptitud y la irresponsabilidad.

            Me avergüenzan casi sin excepción.